Doce años que han ayudado a mejorar los derechos de los autónomos españoles

    Desde que en 2007 se aprobase el Estatuto del Trabajo Autónomo en España, las diferentes regulaciones habidas desde entonces han propiciado una mejora notable de este colectivo, que en estos momentos asciende a casi 3,3 millones de personas, el 16% de los ocupados existentes en nuestro país. En Castilla y León la cifra asciende a 198.341 personas, lo que supone el 21,8% del total de ocupados de la Comunidad.

    10/09/2019.
    CCOO solicita la adecuación de titulación, complementos y plantillas del personal administrativo.

    CCOO solicita la adecuación de titulación, complementos y plantillas del personal administrativo.

    Tradecyl, Asociación de Trabajadores Autónomos y Dependientes de Castilla y León vinculada a Comisiones Obreras, haciéndose eco del documento titulado ‘Caracterización del empleo no asalariado en España desde una perspectiva europea’, elaborado porPilar García Perea y Concepción Román, y publicado por el Banco de España con fecha 18 de junio de 2019, quiere poner en valor este informe. Estos son, según el citado estudio, los principales hitos legales orientados a las personas trabajadoras autónomas desde la aprobación en el año 2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo en España. Desde entonces, se han ido sucediendo diversas regulaciones tendentes a mejorar la situación legal de los trabajadores autónomos.

    Cuatro han sido las leyes posteriores habidas desde esa fecha histórica con relación a las personas trabajadoras autónomas que han hecho posible esta importante mejora. Aquí detallamos la cronología de todas ellas:

    1.-2007: Ley 20/2007, de 11 de julio.

    Con esta ley se aprueba, por primera vez y como iniciativa pionera en Europa, el Estatuto del Trabajo Autónomo. Gracias a este se consigue:

    - Por primera vez se regula el trabajo autónomo de forma sistemática y unitaria.

    - Se introduce la obligatoriedad de optar por la cobertura de la incapacidad temporal.

    - Se reconoce la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE), desarrollada posteriormente a través del Real Decreto 197/2009.

    2.-2010: Ley 32/2010, de 5 de agosto.

    Mediante esta ley se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

    - Se introduce de forma voluntaria la protección por cese de actividad, que va ligada a la de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Se establecen los requisitos para optar al derecho de cese de actividad, que deriva de una situación involuntaria que se debe acreditar.

    - La cuantía de la prestación se basa en el principio de cotización-prestación.

    - Las mutuas son las encargadas de financiar y de gestionar la prestación.

    - Se regulan las obligaciones de los autónomos y se establecen las correspondientes sanciones.

    - Se establece la mejora a los mayores de 60 años a través de una ampliación del período de prestación.

    3.-2013: Ley 14/2013, de 27 de septiembre.

    Está orientada al apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

    - Se crea la tarifa plana, consistente en un conjunto de bonificaciones en la cuota de autónomos durante los dos primeros años de actividad.

    - Se define la figura del «emprendedor de responsabilidad limitada», que salvaguarda sus bienes personales de las deudas contraídas. Igualmente, se establece la «segunda oportunidad del emprendedor», a través de acuerdos extrajudiciales.

    - Se facilitan los trámites administrativos de creación de empresas con la implantación de los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE), en los que se prestan servicios de información, tramitación de documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la financiación empresarial.

    - Se crean incentivos fiscales para los inversores en empresas de nueva creación.

    - Posteriormente se ampliaron y modificaron algunas de estas medidas en la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, y se posibilitó, además, la capitalización del desempleo destinada a la inversión inicial.

    4.- 2017: Ley 6/2017, de 24 de octubre.

    Es conocida como la ley de reformas urgentes del autónomo.

    - Se reducen los recargos por el ingreso de la cuota fuera de plazo.

    - Se amplía la tarifa plana y se reducen los requisitos de acceso.

    - Se establecen medidas para favorecer la conciliación familiar.

    - Se clarifican deducciones como las correspondientes a los gastos de domicilio.

    5.- 2018: Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre.

    Para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

    - Se incorporan, de modo obligatorio, la totalidad de las contingencias que hasta ahora eran voluntarias: protección por cese de actividad y contingencias profesionales.

    - Se duplica el período de percepción de la prestación hasta los 24 meses.

    - Se incrementa el tope máximo, así como las bases máximas y mínimas de cotización.

    - Se incrementa la lucha contra la utilización indebida de la figura de autónomo, para lo que se tipifica una nueva sanción de carácter muy grave.

    - Quedan establecidos los nuevos tipos de cotización del RETA (Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos) en:

    * 28,30% por contingencias comunes.

    * 0,90% por contingencias profesionales.

    * 0,46% por incapacidad temporal.

    * 0,44% por incapacidad permanente y por muerte.

    * 0,70% por cese de actividad.

    * 0,10% por formación profesional.

    - La acción protectora del RETA comprenderá:

    * Asistencia sanitaria en los casos de maternidad, enfermedad común o profesional y accidentes de todo tipo.

    * Prestaciones económicas en los casos de incapacidad temporal, incapacidad permanente, jubilación, muerte y supervivencia.

    * Cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

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